De enero a noviembre de 2025, 14 delitos de impacto social registraron una baja en el estado gracias a la colaboración entre autoridades estatales, federales y municipales.
El Gobierno del Estado de Puebla reportó una disminución significativa en la incidencia de 14 delitos de impacto social durante el periodo de enero a noviembre de 2025, resultado de la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que este trabajo conjunto responde al compromiso de construir entornos más seguros para las familias poblanas, implementando estrategias de prevención, seguridad y fomento de una cultura de paz que abordan las causas sociales y estructurales de la violencia.
Entre los delitos que mostraron reducciones están el homicidio, con una baja del 9.8 %, así como el robo de vehículos en 8.9 %, el robo a transportistas con una disminución de 28.4 %, y el robo a transeúnte con 18.8 % menos casos; también se observó una caída en el robo a casa habitación (10.2 %) y el robo a instituciones bancarias (28.5 %), entre otros delitos del fuero común.
Para potenciar la seguridad, las autoridades impulsaron la campaña “Puebla Segura, Festejemos en Paz”, dirigida a proteger la vida, prevenir agresiones y garantizar celebraciones armónicas durante periodos de alta movilidad social. Esta estrategia incluyó operativos integrales con patrullajes, presencia policial coordinada y acciones de proximidad comunitaria.
Las autoridades destacaron que la reducción de delitos no solo es resultado del despliegue de fuerzas, sino también de la acción conjunta y permanente entre niveles de gobierno, así como de la atención integral a factores que pueden incidir en la generación de violencia, articulando esfuerzos de seguridad, justicia, prevención social y participación ciudadana.
Con estos avances, Puebla apunta a consolidar un modelo de seguridad que combine coordinación institucional y participación comunitaria, con la intención de sostener e incrementar la tendencia a la baja en la incidencia delictiva y reforzar la percepción de seguridad entre la población estatal.
