Con acciones integrales en agua, bosques, calidad del aire, gestión de residuos y resiliencia ante desastres, el gobierno estatal impulsa un enfoque sustentable, humano y territorial para proteger el futuro y el bienestar de las familias poblanas.
El Gobierno del Estado de Puebla reforzó su compromiso con el medio ambiente mediante una política ambiental moderna, social y territorial, diseñada para enfrentar desafíos como el cambio climático, la expansión urbana, la presión sobre los recursos naturales y la seguridad hídrica, informó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno.
Las autoridades expusieron que este enfoque considera al ambiente como un bien público estratégico y parte de una política social que protege la vida, la salud y el futuro de las y los poblanos, promoviendo el equilibrio ecológico en coordinación con municipios, sectores productivos, académicos y la sociedad civil.
En materia de seguridad hídrica, la política se articula a través del Programa Estatal Hídrico y el sectorial “Agua por Amor a Puebla”, con acciones destinadas a garantizar el suministro de agua presente y futuro, la planeación integral de su gestión y la atención prioritaria a cuerpos de agua como la presa de Valsequillo. Este esfuerzo incluyó 45 recorridos de campo en 16 municipios y la elaboración de diagnósticos para el saneamiento del río Atoyac, beneficiando directamente a más de 645 000 habitantes mediante la evaluación de 13 parámetros de calidad del agua.
Para enfrentar incendios forestales y proteger territorios y ecosistemas, se creó la Guardia Forestal, que en 2025 atendió 304 incendios en 75 municipios, reduciendo la superficie afectada y fortaleciendo la vigilancia ante el cambio climático. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de restauración y reforestación, con la entrega de 1 793 000 plantas en 93 municipios y la atención de más de 1 793 hectáreas en cuencas estratégicas como la del Alto Atoyac–La Malinche.
La política también impulsó el monitoreo de la calidad del aire, con 731 429 pruebas de emisiones contaminantes (87.5 % aprobadas), la entrega de 3 934 hologramas exentos para vehículos híbridos y eléctricos, y la operación y expansión de la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico (REMA), con una nueva estación en Ciudad Universitaria de la BUAP.
En la gestión de residuos, se fomentó la economía circular mediante el proyecto de Centros de Transformación de Residuos Sólidos, con la colocación de la primera piedra en San Martín Texmelucan para beneficiar a 43 municipios, y se impulsaron acuerdos en acción climática, educación ambiental y bienestar animal en diversas comunidades.
La política ambiental de Puebla también contempla la participación ciudadana y la resiliencia ante desastres, con concursos, talleres especializados y proyectos de desarrollo sostenible en alianza con organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fortaleciendo capacidades locales en 36 municipios.
Con este conjunto de acciones, el Gobierno de Puebla refrenda su visión de que una política ambiental sólida es inseparable de la justicia social y el bienestar colectivo, al proteger los recursos naturales, promover el desarrollo sustentable y garantizar un entorno más saludable y equitativo para las familias en todas las regiones del estado.
