La iniciativa, anunciada por el coordinador de Gabinete en nombre del gobernador, promoverá responsabilidad social entre empresas con contratos estatales y buscará eliminar prácticas irregulares como dádivas y tráfico de influencias.
El Gobierno del Estado de Puebla anunció la elaboración de una iniciativa denominada “Ley Antimilpa” (o Ley Antimoches), que será enviada al Congreso del Estado en mayo de 2026 con la finalidad de combatir la corrupción en la asignación de contratos y licitaciones públicas y asegurar una relación más transparente entre autoridades y contratistas.
Según explicó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, la Ley Antimilpa buscará cerrar espacios para prácticas irregulares que históricamente han acompañado a la obra pública, como el tráfico de influencias, adjudicaciones discrecionales y dádivas entre funcionarios y empresarios. La propuesta pretende establecer reglas claras de actuación tanto para servidores públicos como para particulares que participan en procesos de contratación estatal, garantizando que los recursos públicos se utilicen con criterios de legalidad y eficiencia.
Uno de los ejes de la iniciativa es que las empresas beneficiadas con contratos o adjudicaciones directas asuman compromisos de responsabilidad social a favor de las comunidades donde se ejecutan los proyectos, como el mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes o infraestructura urbana. Esta figura busca que las firmas no solo reciban beneficios económicos por servicios o obras, sino que también contribuyan al desarrollo social y comunitario.
García Parra enfatizó que la ley no está diseñada para frenar la inversión privada, sino para ordenar la participación empresarial en proyectos públicos bajo esquemas de transparencia, rendición de cuentas y beneficio social para la población. La intención es que las compañías que trabajan con recursos estatales no solo cumplan con sus obligaciones contractuales, sino que también reviertan parte de su éxito en acciones que fortalezcan el bienestar comunitario.
La Ley Antimilpa forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estatal para fortalecer la transparencia y la integridad en el ejercicio público, reforzando mecanismos que prevengan conflictos de interés, prácticas corruptas y acuerdos indebidos entre sectores públicos y privados. Se espera que, una vez presentada formalmente ante el Legislativo, la propuesta sea discutida y enriquecida durante el proceso de dictamen y dictaminación en comisiones del Congreso de Puebla.
¿Qué busca la Ley Antimilpa?
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Cerrar la puerta a prácticas irregulares como dádivas y tráfico de influencias en la contratación pública.
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Garantizar la transparencia en licitaciones y adjudicaciones directas.
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Introducir compromisos de corresponsabilidad social para empresas contratistas.
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Promover el buen uso de recursos públicos con beneficios tangibles para comunidades locales. MTP Noticias
Con esta iniciativa, Puebla da un paso hacia la modernización de sus normas de integridad pública, alineándose con la demanda ciudadana de gobiernos más transparentes y responsables, y con la meta de fortalecer la confianza de la población en las instituciones estatales.
