A través de revisiones, auditorías y sanciones firmes, el gobierno estatal reforzó la integridad pública y aplicó castigos a servidores por actos irregulares, reafirmando el compromiso con la transparencia y la legalidad.
El Gobierno del Estado de Puebla enfatizó que no hay tolerancia a la corrupción ni privilegios para nadie, al aplicar sanciones administrativas y demás procedimientos correspondientes contra servidores públicos señalados por conductas que vulneran la integridad, la legalidad y la ética en el ejercicio de sus funciones. Esta política de cero impunidad forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional y de protección de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.
Durante 2025, diversas áreas de la administración estatal —incluyendo la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública estatal y otras instancias de control interno y externo— llevaron a cabo revisiones, auditorías y procesos de verificación en dependencias y entes públicos con el objetivo de identificar actos contrarios a la normativa vigente, como uso indebido de recursos, irregularidades en procedimientos de adquisición o contratación y otras conductas que atentan contra la transparencia.
Como resultado de estos procesos, se iniciaron procedimientos sancionadores en contra de servidores públicos, mismos que derivaron en la aplicación de sanciones que pueden ir desde amonestaciones y multas hasta la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar cargos públicos, dependiendo de la gravedad de las faltas acreditadas. Estas acciones también contemplan la iniciación de los avisos o denuncias ante las autoridades competentes, cuando los hechos configuran posibles delitos en la materia.
Las autoridades estatales destacaron que estas medidas se aplican sin distinción de jerarquía ni cargo, lo que significa que cualquier servidor que incurra en prácticas irregulares será sujeto de los mecanismos de control y de la sanción que corresponda conforme a la ley. Este enfoque garantiza que la lucha contra la corrupción tenga alcance transversal, proteja los intereses de la población y consolide la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, se ha fortalecido la capacitación y difusión de lineamientos éticos y legales entre servidores públicos, con el propósito de prevenir conductas que puedan derivar en sanciones, así como promover una cultura de integridad, responsabilidad y buen uso de los recursos públicos desde la base de la administración pública.
El Gobierno de Puebla refrendó que estas acciones forman parte de una política permanente de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, con el objetivo de que el ejercicio de la función pública se realice bajo los más altos estándares de probidad, eficacia y respeto al marco legal, generando resultados que se reflejen en mejores servicios y oportunidades para las familias poblanas.
Con esta postura firme, Puebla reafirma su compromiso de construir una administración pública más limpia, eficiente y cercana a la ciudadanía, donde el uso de los recursos y la actuación de los servidores estén siempre orientados al bienestar colectivo y al cumplimiento de la ley.
