Violación a las leyes municipales, nepotismo y violencia política por parte del presidente municipal, Alejandro Barroso Chávez denunció Mayra Guadalupe Vázquez Gordillo, regidora que habría sido obligada a renunciar a su cargo por el que fue electa para el periodo 2024-2027.
La concejal con licencia refirió que el alcalde la coaccionó y presionó para que renunciara a su cargo con el objetivo de colocar en su lugar a su cuñada, Karina Xóchitl González, quien recibe un salario mensual estimado de 50 mil pesos solo por ser la esposa de su hermano.
Al respecto, comentó que el edil la obligó a firmar una licencia temporal, la cual luego intentó transformar en una renuncia definitiva el 19 de octubre en su consultorio médico.
Para lograr este propósito, la regidora afirma que fue intimidada con amenazas directas a la seguridad de su familia, que están relacionadas con el delito de desaparición.
«Primero me pidió el documento como un favor, pero luego se convirtió en una amenaza (…) Me dijo que se iba a encargar incluso de desaparecer a mi esposo si yo seguía insistiendo en algo que no iba a suceder (…) Me amenazó en hacerme daño directamente a mí. Me dijo que tiene gente peligrosa trabajando para él y que están a su disposición”, denunció.
La regidora detalla que la renuncia nunca fue formalmente presentada ante Cabildo; en la sesión del 15 de octubre solo se leyó la licencia.
Tras su salida forzada, solicitó su reinstalación el 10 de junio de 2025. Al no recibir respuesta, interpuso un juicio de derechos políticos, el cual fue sobreseído por el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) el 12 de septiembre, el cual también fue rechazado.
Vázquez Gordillo sigue con la lucha jurídica y presentó un recurso de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral.
Además, por el delito de violencia política de género, mantiene una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales, sin embargo, denuncia lentitud en el proceso legal.
Pese a contar con medidas de protección, asegura que no se ejecutan, señalando el poder del alcalde para «frenar eso», por lo que lo responsabilizó de cualquier situación grave que pudiera sucederle.
Pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta para detener las agresiones y solicitó justicia, así como ser restituida a su cargo.
