El Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su estrategia de cero tolerancia a la corrupción con avances concretos en recepción de denuncias, fiscalización, auditorías y participación ciudadana, según un balance presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el primer año de la actual administración, la dependencia estatal atendió 5 184 señalamientos ciudadanos y más de 2 000 llamadas a través de la línea PROintegridad, además de consolidar 523 buzones digitales de quejas y denuncias, así como otros mecanismos presenciales y telefónicos para facilitar la denuncia y vigilancia de prácticas indebidas en la gestión pública.
Dentro del rubro de responsabilidades administrativas, se iniciaron 312 expedientes, se mantienen 173 procedimientos en curso y se impusieron 27 sanciones por faltas no graves, mientras que los casos considerados graves fueron remitidos a las instancias jurisdiccionales correspondientes para su análisis o sanción judicial.
La Secretaría fortaleció sus acciones de fiscalización mediante 92 auditorías con los Órganos Internos de Control y la apertura de 11 auditorías especiales, además de realizar 3 775 visitas de inspección a mil 65 obras públicas en 177 municipios, con el fin de verificar el uso adecuado de recursos y el cumplimiento de las normas.
Para consolidar una cultura de integridad en el servicio público, se llevaron a cabo más de 200 capacitaciones en control interno, transparencia, ética e integridad, que alcanzaron a más de 50 000 personas servidoras públicas, lo que se considera clave para prevenir malas prácticas desde dentro de las instituciones.
Entre los logros más recientes también se encuentra la creación del órgano desconcentrado Transparencia para Puebla y sus Municipios, así como acciones de capacitación dirigidas a autoridades garantes en temas de acceso a la información y protección de datos personales.
Autoridades estatales destacaron que estos esfuerzos forman parte de una política integral de combate a la corrupción que combina resultados concretos, participación ciudadana y acciones preventivas, alineada con la visión humanista de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y los principios éticos promovidos por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
