A penas un mes ha pasado desde la designación de Rosa Isela Sánchez Soya como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), y ya enfrenta grilla interna. Cuatro consejeros que están a punto de ser separados del cargo por los propios estatutos del organismo, y no por decisión de la titular, han lanzado falsas acusaciones de supuestos malos tratos y decisiones unilaterales. Señalamientos que obedecen más a sus intereses personales que a la realidad.
La CDH opera bajo un modelo de gobernanza colegiada. Aunque Rosa Isela Sánchez ocupa la presidencia, las decisiones deben ser avaladas por el Consejo. Sin embargo, su decisión de contratar un despacho externo por 300 mil pesos ha causado fricciones. Según los consejeros, los informes internos serían suficientes para evaluar el organismo, haciendo innecesaria la auditoría externa.
Cabe mencionar que estos consejeros que hoy se oponen a que sea un tercero que ayude a vigilar el actuar del organismo, operaron en silencio sepulcral durante la gestión de Félix Cerezo Vélez, dejando a un lado las funciones de vigilia propias de su encargo, dejando que el ex titular utilizara el recurso que se le aumento al organismo, solo para subir sueldos -incluidos por supuesto el suyo- y no para necesidades de la Comisión como abrir más oficinas al interior del estado.
Los consejeros actuales, Yanci Saydé Cortés, Jorge Contreras Peralta, José Roberto Rivera y Areli Cid Morfín, están próximos a dejar su cargo. Ya se publicó la convocatoria para elegir a sus sucesores, lo que ha intensificado las tensiones internas.
