El Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso de combatir de manera frontal el comercio ilegal y la competencia desleal que afectan a productores, comerciantes y empresas locales, mediante la implementación de operativos estratégicos e interinstitucionales que fortalecen un entorno comercial justo y competitivo.
El coordinador de Gabinete del Gobierno estatal, José Luis García Parra, informó que en el marco de estas acciones coordinadas con autoridades federales y estatales se han llevado a cabo 278 actos de fiscalización, 121 verificaciones a mercancías en transporte y 103 visitas domiciliarias. Estas tareas han permitido retirar del mercado irregular 736 205 piezas de mercancía, entre las que se encuentran calzado, ropa, juguetes, bolsas y otros artículos, además de más de 28 000 kilogramos de hilos, telas y ropa usada, así como 54 vehículos presuntamente vinculados con el comercio ilícito.
García Parra destacó que solo el 1 % de la mercancía asegurada logró ser acreditada por sus propietarios, lo que subraya el impacto de estos operativos para frenar prácticas desleales y proteger la economía formal poblana. Asimismo, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) 32 piezas prehispánicas que eran transportadas de manera ilegal, reforzando el combate al tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales.
Estas acciones se han realizado a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mediante su área de Comercio Exterior, como parte de la estrategia del gobierno estatal para frenar la introducción irregular de productos al mercado local y garantizar condiciones equitativas de competencia para los comerciantes y productores que cumplen con sus obligaciones legales.
El Gobierno del Estado de Puebla confirmó que continuará con estas acciones de vigilancia y fiscalización conjunta con las autoridades federales, en un esfuerzo por proteger a los sectores productivos locales y fortalecer la economía poblana, asegurando que el comercio se realice bajo el marco de la ley y sin prácticas que dañen la competitividad del mercado formal.
