Fue en el año del 2013, cuando también era alcalde el edil Eduardo Rivera, y a través de una sesión extraordinaria de cabildo, votaron para que se desincorporen las facultades del ayuntamiento y sean entregadas al SOAPAP, violando el artículo 115 fracción III de la constitución, en donde declara que los Municipios tendrán a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Al desincorporar esas facultades al ayuntamiento, el SOAPAP quedó con total facultad de privatizar de manera parcial o total los servicios de agua potable, lo cual hicieron al entregarle el agua a una empresa que puede ser considerada como trasnacional, llamada “Agua de Puebla”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que el acceso al agua potable es un derecho indispensable para vivir dignamente, y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, es por eso que el agua potable debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.
Cabe recordar que, aunque Eduardo Rivera participó en la ilegalidad al haber deslindado al Ayuntamiento de Puebla de sus responsabilidades constitucionales y entregarlas a manos privadas, el ahora nuevamente presidente municipal, no tiene ni el más mínimo interés en devolverle a las y los poblanos lo que es suyo, y muy al contrario, sigue afectando el bolsillo de la ciudadanía al haber autorizado el aumento a la tarifa del suministro de agua potable el 18 de julio de este año.
Recuerda, hoy se cumplen 9 años desde que Eduardo Rivera empezó a violar tus derechos humanos.
