La diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa que plantea suspender licencias de conducir y permisos de movilidad a personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la diputada Xel Arianna Hernández García propuso modificaciones a la legislación estatal para ampliar las medidas aplicables a quienes mantienen adeudos por pensiones alimenticias.
La iniciativa contempla adicionar el artículo 165 Bis de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado y reformar el artículo 503 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Uno de los principales planteamientos consiste en que las autoridades estatales competentes puedan suspender la licencia de conducir y los permisos expedidos en materia de movilidad a las personas titulares que se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), de acuerdo con las disposiciones aplicables.
La propuesta también busca modificar la forma en que se considera el ingreso de quienes están obligados al pago de una pensión alimenticia. Cuando se decrete su descuento o retención, ésta deberá aplicarse sobre la totalidad de los ingresos del deudor alimentario, incluyendo tanto percepciones ordinarias como extraordinarias.
En este planteamiento, los ingresos ordinarios comprenden aquellos que se reciben de manera periódica, como salario, sueldo o remuneración fija. Por su parte, los ingresos extraordinarios abarcan percepciones adicionales o variables, entre ellas aguinaldo, primas, bonos, comisiones, compensaciones, gratificaciones y participación en utilidades, sin limitarse únicamente a estos conceptos.
De acuerdo con el planteamiento de la legisladora, la iniciativa busca blindar la pensión alimenticia frente a prácticas de evasión y ampliar el alcance de las sanciones administrativas dirigidas a los deudores alimentarios morosos.
La propuesta sostiene además que estas medidas permitirían combatir la violencia económica que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, la niñez y a las y los adolescentes.
