Autoridades estatales identifican más de 89 litigios y demandas por 5 500 millones de pesos provenientes de prácticas de corrupción pasadas y actúan jurídicamente para recuperar finanzas públicas.
El Gobierno del Estado de Puebla inició una ofensiva jurídica y administrativa para enfrentar el saqueo institucionalizado que, de acuerdo con las propias autoridades, fue heredado por administraciones de corte neoliberal durante más de una década y que comprometió recursos que debieron destinarse al campo, la educación, la seguridad y la infraestructura.
El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el saqueo se había convertido en un “laboratorio de corrupción”, en el que mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) fueron utilizados para desviar recursos y consolidar esquemas irregulares que afectaron las finanzas del estado.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que a la llegada de la actual administración el gobierno encontró 89 litigios vigentes vinculados a obra pública, servicios, arrendamientos y pagos de facturas, cuyas demandas en conjunto superan los 5 500 millones de pesos, de los cuales 29 ya cuentan con sentencia firme por más de 1 500 millones.
Entre los casos que se atienden está el compromiso financiero relacionado con el Centro Integral de Servicios (CIS), en el que ya se pagaron más de 2 000 millones de pesos y que se encuentra vigente hasta 2037, con pagos programados por 259 millones para este año. Asimismo, el contrato con Agua de Puebla podría implicar una indemnización de hasta 7 000 millones de pesos si se decide su terminación anticipada.
Armenta afirmó que su administración no persigue a nadie, pero tampoco incurre en omisiones o complicidades, y que la acción contra estos casos se realiza mediante cauces jurídicos y técnicos para resolver los compromisos heredados y recuperar la solidez financiera del estado. Mencionó también el ejemplo del Museo Internacional del Barroco, cuya deuda fue renegociada con un pago de 2 000 millones de pesos, generando un ahorro histórico estimado en 8 000 millones para la entidad.
Las autoridades insistieron en que estas acciones tienen como propósito terminar con prácticas de saqueo sistematizado, garantizar mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y orientar el gasto a prioridades sociales, reforzando la reconstrucción financiera del estado y la recuperación de la grandeza de Puebla.
Con este enfoque de combate al saqueo heredado, el Gobierno de Puebla refrenda su compromiso con la rendición de cuentas, la justicia financiera y el uso eficiente de los recursos públicos, buscando devolver a las y los poblanos los beneficios de una gestión honesta y orientada al bien común.
