Con una inversión superior a 1 000 millones de pesos en 2025, el programa estatal impulsó obras de infraestructura básica, educación, salud, deporte y servicios en las 27 microrregiones del estado, con participación directa de la ciudadanía.
El Gobierno del Estado de Puebla fortaleció su estrategia de justicia social y desarrollo comunitario al ejecutar más de 5 000 obras comunitarias distribuidas en las 27 microrregiones de la entidad durante 2025, con una inversión que superó 1 000 millones de pesos, lo que ayudó a reducir rezagos históricos en educación, salud, agua potable, deporte e infraestructura básica en localidades rurales y urbanas con menor acceso a servicios públicos.
El presidente estatal, Alejandro Armenta Mier, explicó que este modelo de obra comunitaria representa una nueva forma de gobernar con justicia distributiva, enfocada en la participación ciudadana directa, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la transparencia en el uso de recursos, con la proyección de aumentar el presupuesto a 1 500 millones de pesos en 2026 y más de 2 000 millones en 2027 para ampliar el impacto social.
Las obras fueron seleccionadas en asambleas comunitarias, integradas por habitantes organizados que definieron sus prioridades de inversión, y administradas por comités ciudadanos liderados en gran parte por tesoreras mujeres, lo que, según autoridades, refuerza la participación social, la equidad de género y la transparencia en la gestión de proyectos.
La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, señaló que el programa priorizó acciones que fortalecen el tejido social, con inversiones en infraestructura básica, seguridad comunitaria, espacios deportivos, cultura y capacitación para mujeres, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y al bienestar colectivo en comunidades con mayores rezagos.
Por su parte, el coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero, detalló que durante 2025 se ejecutaron sobre mil 900 proyectos de urbanización, mil 100 acciones educativas, obras de agua potable, electrificación, drenaje y vivienda, todos definidos por la propia población organizada, consolidando un modelo en el que las decisiones públicas responden a necesidades reales identificadas por las comunidades mismas.
Autoridades y participantes también destacaron que este esquema ha generado bienestar colectivo, con obras que impactan directamente la vida cotidiana de las familias, fortalecen la convivencia comunitaria y reducen desigualdades territoriales prolongadas, cumpliendo con un enfoque humanista en la distribución de recursos públicos.
Con estas acciones, Puebla reafirma su apuesta por una política pública de proximidad social, justicia distributiva y desarrollo equitativo, enfocada en acercar servicios, infraestructura y oportunidades a las comunidades históricamente rezagadas, impulsando su crecimiento a través de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
