El costo de desarrollo de la aplicación «Angela» por parte del gobierno municipal de Puebla, ha sido un tema de controversia. Aunque esta aplicación es útil para proporcionar información y servicios básicos a los ciudadanos, su funcionalidad limitada y su costo excesivo en comparación con alternativas más baratas sugieren que el gobierno de Puebla ha gastado innecesariamente el dinero de los contribuyentes.
No es la primera vez que un gobierno en Puebla ha desarrollado una aplicación para proporcionar información y servicios básicos a los ciudadanos. En 2010, el gobierno estatal de Puebla, liderado por el gobernador Rafael Moreno Valle, lanzó una aplicación similar llamada «Funcionario Virtual». Al igual que Angela, Funcionario Virtual también utilizaba reglas predefinidas y lógica programada para proporcionar información y servicios específicos a los usuarios.
Al igual que Angela, Funcionario Virtual también fue criticado por su funcionalidad limitada y su costo excesivo en comparación con alternativas más baratas. Si bien se informó que el costo de desarrollo de Funcionario Virtual fue de aproximadamente 500 mil pesos, esto también fue considerado como un gasto innecesario por algunos críticos. Al igual que Angela, Funcionario Virtual no ofrecía características y funcionalidades innovadoras y avanzadas que justificaran su costo.
La comparación entre las aplicaciones «Funcionario Virtual» y «Angela» destaca una tendencia en el gobierno de Puebla a gastar una cantidad excesiva de dinero en aplicaciones móviles con funcionalidad limitada. Aunque es importante para el gobierno proporcionar información y servicios a los ciudadanos a través de la tecnología, debe hacerse de manera responsable y efectiva, con un costo justificado y proporcionado en relación con la funcionalidad y características de la aplicación.
El costo de 13.6 millones de pesos de Angela puede considerarse excesivo en comparación con su funcionalidad limitada y características. Si bien es cierto que la aplicación proporciona información y servicios útiles a los ciudadanos, su funcionalidad es similar a la de muchas otras aplicaciones móviles disponibles de forma gratuita o por un costo significativamente menor. El gobierno de Puebla debería haber explorado alternativas más económicas y efectivas antes de gastar una cantidad tan grande de dinero en el desarrollo de una aplicación que no ofrece características y funcionalidades innovadoras y avanzadas.
La comparación con otras aplicaciones móviles similares demuestra que el costo de «Angela» es significativamente mayor en comparación con su funcionalidad y características. Por ejemplo, la aplicación «Ciudadano Digital» desarrollada por el gobierno del estado de San Luis Potosí, México, ofrece servicios similares a los de «Angela», incluyendo acceso a información gubernamental y servicios públicos, y su costo de desarrollo fue de solo 800 mil pesos.
Además, aplicaciones como «Mi Argentina» desarrollada por el gobierno argentino, o «Gov.uk» desarrollada por el gobierno del Reino Unido, ofrecen servicios similares a los de «Angela». Estas aplicaciones cuentan con una amplia gama de funcionalidades y características avanzadas, como la capacidad de realizar trámites gubernamentales completos a través de la aplicación.
Además de la crítica del costo de desarrollo de Angela, también hay preocupaciones sobre su seguridad y privacidad. La aplicación recopila datos personales de los usuarios, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y ubicaciones. Aunque el gobierno asegura que estos datos se recopilan solo con fines estadísticos y de mejora de servicios, algunos usuarios han expresado preocupaciones sobre el uso de sus datos personales por parte del gobierno con fines electorales.
En resumen, el desarrollo de aplicaciones móviles por parte del gobierno debe ser cuidadosamente considerado y justificado. Aunque Angela puede ser útil para proporcionar información y servicios básicos a los ciudadanos, su costo excesivo y funcionalidad limitada sugieren que el gobierno de Puebla no ha gastado el dinero de los contribuyentes de manera efectiva. El gobierno debería explorar alternativas más económicas y efectivas antes de gastar grandes cantidades de dinero en aplicaciones móviles que no ofrecen características y funcionalidades innovadoras, avanzadas y que comprometen la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
