Ante el debate nacional que ha provocado la iniciativa de prorrogar la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, el viernes pasado el presidente de la República propuso una salida que además de acertada, resultaría muy beneficiosa para detener la violencia política que ha surgido en torno a este asunto: convocar una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre este trascendental asunto.
AMLO propone ponerle un alto a los intereses electorales que se están agrupando en torno a la oposición a esta iniciativa mediante dos preguntas que convocarían a la ciudadanía a las urnas: ¿Deben las fuerzas armadas mantenerse en labores de seguridad pública hasta 2028? ¿La Guardia Nacional debe depender de SEDENA, de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?
La posibilidad de una consulta popular sobre este dilema nacional permitiría que fueran las y los mexicanos quienes decidieran qué estrategia debe seguirse para combatir la inseguridad, un verdadero hito histórico pues estas decisiones, al menos en nuestro país, han sido tomadas por las mafias políticas y económicas, teniendo en la mente cualquier cosa, menos la pacificación del país.
Ante el sabotaje velado que se aplicó a la consulta sobre el juicio a expresidentes y a la de revocación de mandato, el Presidente señaló que lo óptimo sería que la Secretaría de Gobernación, mediante el mecanismo legal idóneo, y no el INE, organizara este ejercicio democrático.
Sin embargo, esta propuesta de consulta popular puede ser la oportunidad de hacer efectiva la democracia participativa en nuestro país y poner a su servicio las instituciones electorales. No podemos resignarnos a que el INE sea comparsa unas veces de unos partidos y otras de intereses creados, esta institución debe garantizar la equidad en la contienda electoral y la Cuarta Transformación no debe dar tregua en la lucha por la regeneración del sistema electoral.
La fracción VIII del artículo 35 constitucional nos da las herramientas para formular una pregunta única, que permita a la ciudadanía pronunciarse sobre el debate de las tareas del Ejército en seguridad pública y el uso de la Guardia Nacional. El tema no afecta la organización y disciplina de las fuerzas armadas, por lo que fácilmente se puede hacer una defensa de la constitucionalidad de la pregunta.
El Presidente cuenta con la facultad de proponer la consulta, sin necesidad de recolectar de firmas ciudadanas, y lo más importante, la 4T cuenta con holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso para reformar la Ley de Consulta Popular antes del 31 de noviembre y señalar como obligación del INE instalar el mismo número de casillas que las previstas para elecciones constitucionales, entre otras mejoras para garantizar el máximo debate y la máxima participación en las urnas, con el menor gasto financiero posible.
Solo existe una vía para hacer realidad la democracia participativa: practicándola activamente. La ciudadanía debatirá y asumirá la responsabilidad personal de decidir sobre los asuntos más relevantes del país cuando se acostumbre a acudir a las urnas para hacerse escuchar, y no solo para elegir representantes.
Es urgente que, ahora que existe voluntad política desde la Presidencia para hacer escuchar la voz del pueblo, y esa voluntad está acompañada de mayorías legislativas, se avance en la democratización de la República, lo que debe ir acompañado de leyes adecuadas.
Para construir y hacer pueblo, debemos ejercer una labor pedagógica, enseñándonos entre todos a decidir y a votar, y mostrando a la derecha que hay límites, que, aunque lleven su guerra mediática y su golpismo al más violento extremo, nosotros siempre contaremos con un arma pacificadora: la movilización del pueblo en las urnas para decidir por sí mismo los destinos del país.
